La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este lunes la conformación de una mesa nacional de diálogo para establecer normas claras sobre el uso de cámaras de videovigilancia en centros educativos, una medida que busca reforzar la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales de docentes, estudiantes y personal administrativo.
La iniciativa plantea la participación activa del Ministerio de Educación (MINERD), las asociaciones de padres, el Defensor del Pueblo, organismos internacionales como UNICEF y sectores de la sociedad civil, para generar un marco regulatorio que garantice transparencia, proporcionalidad y enfoque preventivo.
La ADP dejó claro que no se opone a la instalación de sistemas de vigilancia en los planteles escolares, siempre que estén motivados por razones legítimas de seguridad. No obstante, alertó sobre los riesgos de utilizar estas tecnologías como herramientas de control laboral o disciplinario encubierto.
Uno de los principales objetivos del diálogo es definir criterios técnicos y legales para la instalación de las cámaras, el uso de las grabaciones y los protocolos de resguardo de información, así como establecer sanciones para quienes incumplan las normativas o vulneren el derecho a la intimidad.
El gremio magisterial citó como sustento jurídico la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional, que permite el uso de tecnologías para la prevención de delitos, siempre que no se violen derechos fundamentales.
También se apoya en las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de la Niñez, que coinciden en que la vigilancia debe enfocarse en proteger, no controlar.
En el plano internacional, la ADP recordó que el país está comprometido con normas como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales, que exigen consentimiento informado para cualquier acción de videovigilancia que involucre a menores o personal escolar.
Asimismo, la organización magisterial aboga por que toda medida sea precedida de un análisis de impacto legal, psicológico y social, para evitar consecuencias negativas sobre la comunidad educativa. Señalan que las cámaras no pueden instalarse de forma masiva ni arbitraria, sino sobre la base de un diagnóstico de riesgo documentado.
Finalmente, la ADP llamó al Gobierno y a la sociedad a ver esta regulación no como una limitación, sino como una vía para lograr escuelas más seguras, con respeto a los derechos humanos, y donde la tecnología contribuya al bienestar sin caer en prácticas autoritarias o intrusivas.
